¿Es mucho pedir?

¿Es mucho pedir?

Cursa, por enésima ocasión, otro proyecto de ley para «proteger» a los clientes de tarjetas de crédito.

A riesgo de ser apedreado cual traidor de una noble causa, les adelanto que no apoyo la iniciativa legislativa.

Me hago eco de lo escrito por un sabio, aunque anónimo romano, siglos atrás: «Summum ius, summa inuria.» El exceso de derecho provoca injusticia.

En el país, con el tema de las tarjetas de crédito en específico, al igual que con cualquier otra cantidad de problemas nacionales, no faltan más leyes y mucho menos más burócratas.

Sobran.

Lo que hace falta, estemos claros, es que se apliquen las que ya existen.

La iniciativa legislativa (que he conocido sólo a través de los medios de comunicación), de seguro que es un «copy-paste» de uno de los proyectos que, como vemos en la tabla, ha sido aprobado en otras partes de América.

En la región, del 2000 a la fecha, cualquier cantidad de países ha renovado, actualizado o compilado el marco legislativo o reglamentario que protege los intereses de los usuarios de servicios financieros, y particularmente el de los «tarjetahabientes» plásticos.

Paradójicamente, luego de Argentina, que legisló al respecto en el año 1999, fue la República Dominicana uno de los primeros países que normó, de forma expresa, diferentes aspectos vinculados al cálculo de los intereses y la transparencia de las tasas plásticas.

Así surgió la resolución No. 7, que en el año 2001 rubricó Alberto Atallah, entonces Superintendente de Bancos.

Como para no quedarnos cortos, y vista la nueva Ley Monetaria y Financiera de 2002, en el 2006 se publicó el Reglamento de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros.

No obstante aquella circular del 2001, ni la ley de 2002 y aun menos el reglamento del 2006, lo cierto es que son decenas de miles los dominicanos que, de una forma u otra, se sienten que no son adecuada o transparentemente atendidos por las instituciones bancarias con las que trabajan.

En la serie de tres «Mi relación con ella», publicada en este mismo espacio hace casi un año, recopilamos de una forma que a muchos hizo reír, aunque a tantos otros llorar, la cantidad de malas prácticas, abusos y, ¿por qué negarlo?, ilegalidades que se cometen en contra del usuario del dinero plástico.

Dicho esto, quiero dejar algo bien claro: para corregir absolutamente todas las deficiencias que allí identificamos, en torno a las tarjetas de crédito, no es necesario recurrir a una ley nueva. Eso sobra y hasta entorpece.

Si, me repito. Y no por primera vez.

«El único servicio bancario que en el país mantiene una forma de cotización particular es el de las tarjetas de crédito, donde se impuso hablar de un 7% (pero en términos mensuales) cuando en realidad se trata de un 84% anual.»

Eso lo escribí hace cinco años, tres meses y catorce días. Y publiqué, entonces, por primera vez en la historia financiera del país, lo que resultó ser un escándalo en aquel tiempo: las tasas que, supuestamente (sí, «supuestamente»), cobraban los bancos emisores.

Contraste aquella cta mía del 2006 con el artículo 52 de la ley 183 de 2002.

Avancemos al 2012. ¿Algo cambió?

A pesar no de un artículo, una resolución o un reglamento, ¡sino de la mismísima Ley Monetaria y Financiera!

Respuesta: muy poco.

Un ejemplo basta. Lo resumo en la tabla de arriba: de 20 entidades que emiten plásticos, sólo tres (¡TRES!) publican la tasa de interés de forma «anual» en sus tarifarios de servicios.

Más de la mitad de aquellas que publican la tasa «mensualizada», ni siquiera indican, con un asterisco, que no obedecen al patrón legal (anual).

Vienen preguntas. Lograr que un producto financiero se comercialice con un precio mínimamente transparente y homogéneo, ¿es mucho pedir?

Lograr que se cumpla la ley, aunque a usted no le guste, o le importe o porque entienda que al consumidor le da lo mismo, ¿es mucho pedir?

Parece, por lo menos para esas 17 entidades (con las honrosas y valientes excepciones del Scotiabank, León y APAP) que si, que es mucho pedir.

De ser así, ¿para qué hablar más?

Si no logramos algo tan elemental, ¿valdrá la pena hablar de tasas efectivas, de modelos de estados de cuenta, de cálculos sobre saldos insolutos o de contratos de adhesión razonables?

Aquí no necesitamos más leyes. Lamento reconocer que el que se cumplan las existentes… ¡es mucho pedir!


 «Publicación de Informaciones: … deberán publicar en forma visible en las oficinas abiertas al público las tasas de interés, gastos y comisiones que aplican a las diferentes operaciones activas y pasivas, calculados en términos anuales…»

Artículo 52. De la Información al Público. Ley Monetaria y Financiera 183-02

 

Alejandro Fernández W.

Alejandro Fernández W.

Analista financiero, con más de 20 años de experiencia trabajando con el sector bancario dominicano.



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