Sobre el proyecto de ley de tarjetas

Sobre el proyecto de ley de tarjetas

Honorables Diputados y miembros de la comisión de la Cámara de Diputados:

Es para mí un orgullo compartir con esta sala mi opinión en torno al mercado de las tarjetas de crédito en nuestro país y, de manera particular, en torno a su regulación actual bajo la Ley Monetaria y Financiera, y la propuesta en el proyecto de ley de regulación de las tarjetas de crédito bajo estudio.

Al comentarle a una amiga que tenemos en común sobre mi oposición a la necesidad de una nueva ley o de nuevas instituciones para regular y fiscalizar las tarjetas de crédito, su respuesta fue: «Claro, es que tú eres banquero.»

El que yo me resista a creer que es necesario otra ley «especial» no implica, en lo absoluto, que yo me oponga a la efectiva regulación y la exigente fiscalización de un mercado tan importante como el de las tarjetas de crédito.

Quiero, y me perdonan que abuse de su tiempo, dejar bien claro que en torno a esto, mi único compromiso es frente al usuario de servicios financieros y el desarrollo, institucional y sostenible, del mercado financiero y de crédito en el país.

Como algunos de ustedes sabrán, el tema de las tarjetas de crédito ha estado en mi agenda de investigación y escritos desde hace ya más de seis años.

Salvo la contada excepción, por ejemplo, de las voces de Altagracia Paulino, de ProConsumidor, o del honorable diputado Francisco Matos, conozco pocas personas que de manera consistente, crítica y propositiva hayan exigido de nuestra banca, y de nuestras autoridades, avances y mejoras en torno a este producto que es, sin duda, el segundo más importante de todos en el país, beneficiando a cerca de tres millones de clientes.

Parto, sin ser jurista o legislador, del principio básico de que «Summun ius, summa iniuria es». Es decir, el exceso de derecho provoca injusticia. En la República Dominicana no necesitamos de más aparatos legislativos o instituciones burocráticas. Lo que necesitamos es que las existentes se apliquen de forma rigurosa y consistente, dentro del marco de respeto a las leyes y la misma Constitución.

Visto el marco existente legal de la Ley Monetaria y Financiera, del Reglamento de Protección al Usuario, del nuevo Reglamento de Tarjetas de Crédito y su instructivo de aplicación de la Superintendencia de Bancos no veo la necesidad de que, en estos momentos, ampliemos aún más, y fuera del ámbito de la Autoridad Monetaria y Financiera, el marco regulador de las tarjetas.

Pienso que precisamente a raíz de las persistentes críticas de legisladores y funcionarios como los ya citados, de representantes de los medios de comunicación y de la sociedad, es que nuestras autoridades bancarias, desde hace ya tres años, han venido avanzando, conjuntamente con la propia banca, en mejorías sustanciales que beneficiarán a la gran mayoría de clientes tarjetahabientes.

En ese sentido, y como ya les había comentado anteriormente en este mismo Congreso Nacional, es que reconozco las inquietudes y los aportes de fondo (aunque no de forma) de voces críticas como las del diputado Matos de Santiago.

En los últimos años he sido testigo de excepción de mejoras únicas en el mercado de tarjetas de crédito. Tan únicas que, sin riesgo de exagerar, representan un salto a favor de los usuarios de los productos en tres años equivalentes al total registrado en los 30 años anteriores.

¿Cómo cuáles? El simple hecho de que ya hablemos de tasas anuales, homogéneas y transparentes, calculadas de forma comparable, es de por si un gran aporte a la competitividad del mercado.

El poder entrar a la Superintendencia de Bancos, como he podido hacer desde la gestión de Haivanjoe Ng Cortiñas (bajo cuyo mandato se lograron importantes avances) para ver, de forma sistemática y actualizada todas las comisiones y las tasas de interés de todos los productos «plásticos» es también un gran adelanto.

El reciente «consenso» al que arribó la Superintendencia de Bancos y el gremio bancario apuntan a mejoras en el costo del producto que beneficiará a millones de dominicanos, aunque otros (como los que hacemos compras en el exterior) nos veremos afectados como vimos esta semana. Aunque mi aspiración hubiese sido otro tipo de consenso, no puedo negar de que el actual es un paso sumamente importante para la mayoría.

Sentado escuchando hace unas semanas las quejas de muchos representantes comunitarios y de la sociedad civil que si apoyan el proyecto de las tarjetas de crédito, no podía dejar de pensar que casi todas las críticas y exigencias poco tienen que ver con el marco legislativo y mucho con las prácticas y modus operandi tanto de las instituciones financieras como de los mismos usuarios de los servicios financieros del país.

Pienso que es evidente que las entidades financieras deben ser más selectivas al momento de otorgar tarjetas de crédito y de revisar sus límites. Que deben ser aún más transparentes y claras al momento de entregarlos. Que deben presentar costos (no necesariamente inferiores a los actuales) que vayan más acorde a la realidad del mercado de dinero del país. Que deben proveer recursos y facilidades adicionales a aquellos que enfrenten el cáncer del sobre-endeudamiento. Que deben velar porque el proceso de cobranza en nuestro país sea más humano y digno, y menos excluyente.

Las autoridades deben apoyar el que sus regulados y supervisados avancen en este sentido, como bien entiendo, luego de muchos años como analista y veedor financiero, que lo están haciendo.

Pero, y esto es innegable, y estoy seguro que muchos dominicanos y dominicanas no querrán escucharlo, tenemos también que nosotros mismos, los usuarios de las tarjetas de crédito, ser más conscientes, informarnos mejor y ser más responsables al momento de activar un plástico o usar sus facilidades de financiamiento.

Es mi opinión que las bases están sentadas, bajo el marco legal existente, para una dinámica de mejora y competitividad continua a favor de más de tres millones de dominicanos y el millón más que está pendiente de bancarización.

Aspiro a que las leyes actuales se cumplan y que, en la práctica, se superen.


 «Summum ius summa iniuria es.»

Cicerón

Alejandro Fernández W.

Alejandro Fernández W.

Analista financiero, con más de 20 años de experiencia trabajando con el sector bancario dominicano.



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