Trabajadores pueden demandar empresas por pruebas médicas discriminatorias

Trabajadores pueden demandar empresas por pruebas médicas discriminatorias

“Me llamaron, mañana voy a hacerme unas pruebas de sangre y creo que empiezo el lunes a trabajar”, expresó emocionado Carlos, un joven recién egresado de la universidad estatal ante la posibilidad de ver su sueño realizado: laborar para un importante medio de comunicación.

Luego de realizarle pruebas de destrezas académicas y sicológicas, el siguiente paso consistía en verificar su condición de salud para darle el visto bueno y poder iniciar formalmente como nuevo empleado.

“Me dieron una carta y fui al laboratorio donde me extrajeron sangre, los resultados se los envían a ellos (la empresa)”, manifiesta Carlos, convencido de que este procedimiento es rutinario en todas partes.

En efecto, pudiera ser una práctica inofensiva, siempre que se limite a aplicar las pruebas permitidas por la legislación dominicana, como la de dopaje, por ejemplo. Pero la verdad es que muchas empresas incluyen en el análisis pruebas que están prohibidas por ser discriminatorias, como las de VIH o embarazo, en el caso de las mujeres.

La Ley 55-93 prohíbe en su artículo 3 la realización de pruebas médicas para diagnosticar VIH con fines laborales.

La Ley 55-93 sobre Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), prohíbe en su artículo 3 la realización de pruebas médicas para diagnosticar esta enfermedad con fines laborales.

“Las pruebas para el diagnóstico de infección por el VIH no deben realizarse: Para fines laborales, como requisito de ingreso a un trabajo o como condición para la permanencia en el empleo”, establece el mencionado artículo.

Mientras que el artículo 6 de la referida ley indica que este tipo de diagnósticos es estrictamente de carácter confidencial.

Asimismo la Ley 135-11 aboga por el derecho al empleo de una persona que padezca de VIH o sida. En su artículo 6 prohíbe la discriminación laboral y la solicitud de pruebas médicas para la detección de este virus a los candidatos a una plaza de trabajo.

El artículo 48 expresa que esta prueba no debe realizarse sin el consentimiento de la persona que será evaluada y el artículo 76 establece que la empresa que incumpla esta disposición “será sancionada con una multa no menor de ochenta (80) salarios mínimos, mientras que las personas físicas serán sancionadas con una multa no menor de quince (15) salarios mínimos”.

La referida ley faculta a el Ministerio de Salud Pública para imponer sanciones administrativas a las empresas que incurran en esta práctica.

Una sentencia junio de 2014 emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) establece que la protección a las personas que padecen de VIH en el ámbito laboral no debe verse “como un atentado a la libertad empresarial sino como la consecuencia de la aplicación de los derechos fundamentales del trabajador y la prevalencia del principio protector del derecho del trabajo”.

Sobre la realización de la prueba de embarazo a las candidatas a puestos laborales, el Código de Trabajo aboga por la igualdad de género al momento de reclutar el personal.

“La trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el trabajador”, reza el principio número 10 del Código. Al igual en el artículo 18, se establece que la mujer embarazada tiene la misma capacidad “para celebrar el contrato de trabajo” que el trabajador.

El trabajador puede denunciar esta práctica

El director general de trabajo del Ministerio de Trabajo, Valentín Herrera informó que todo empleado que presente un caso como este debe denunciar ante esa institución dicha práctica.

“Lo primero que el trabajador debe hacer es denunciarlo en el Ministerio de Trabajo y nosotros lo que hacemos es abrir un proceso de investigación. De hecho hay un departamento especializado para esos fines que tiene que ver con discriminación”, explicó el funcionario.

Este departamento es conocido como la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (Utelain).

Tras exponer la conferencia “Derechos y deberes laborales” durante la celebración de la “Semana Mipymes 2017”, el director general de trabajo advirtió que aunque el Ministerio no sanciona a las empresas por este tipo de práctica sí las insta a “no actuar de esa manera”.

“El trabajador que se sienta discriminado puede de manera individual hacer reclamaciones desde punto de vista jurídico”, refirió el funcionario. Quien sostuvo que en las instancias legales el empleado puede lograr una indemnización.

“El trabajador que se sienta discriminando puede iniciar acciones legales, que de hecho prosperan en los tribunales”, explicó.

Asimismo reveló que desde el Ministerio de Trabajo se orienta a los laboratorios clínicos a no realizar pruebas a los empleados que sean discriminatorias, y de hacerlo, se convierten en cómplices de las empresas que las solicitan.

“Hemos hecho actividades conjuntas con los laboratorios clínicos, porque de hecho son quienes realizan los análisis a los empleados, y si ellos les extraen sangre y la empresa dice que es para algo y resulta que es para una prueba de embarazo, por ejemplo, u otra prueba que resulte discriminatoria, entonces se están haciendo en complicidad con los laboratorios”, dijo.



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