Fui a abrir una cuenta y me preguntaron si era un PEP… ¿Qué es eso?

Fui a abrir una cuenta y me preguntaron si era un PEP… ¿Qué es eso?

Si usted ha ido al banco u otra entidad financiera (puesto de bolsa, fideicomiso, fondo de inversión, seguro) y hasta a un agente de cambio y/o remesadora, para vincularse como cliente o para actualizar su información de contacto, habrá notado que durante la entrevista o al completar su formulario de solicitud le preguntan si usted es o ha sido un PEP. Incluso, indagan si tiene algún parentesco con un PEP, ya sea por consanguinidad o afinidad. No es para preocuparse. Digámoslo al estilo del lobo, cuando Caperucita Roja llega a la casa de su abuelita con su canastica y la encontra un poco cambiada en su forma y apariencia: es para conocerle mejor.

¿Qué es un PEP?

Una Persona Expuesta Políticamente o Públicamente, PEP por sus siglas, es aquella persona que desempeña funciones públicas “por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero”, según el Instructivo de Debida Diligencia de la Superintendencia de Bancos (SB). Similar definición se ha establecido en las normas correspondientes emitidas por la Superintendencias de Valores y Seguros.

Incluye también a los políticos que ostentan cargos públicos ya sea en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en el cuerpo militar… y que deban presentar declaraciones juradas. Igualmente aquellos que formen parte de directivas o de la estructura gerencial de empresas estatales. También, los miembros de las directivas de partidos políticos y sus candidatos; así como los representantes de organizaciones religiosas.

En la gran mayoría de los casos, las demostraciones de riquezas obtenidas por vías ilícitas se evidencian luego que la persona ha dejado el cargo o ha cesado sus funciones públicas.

Para los PEP extranjeros, aparte de cargos políticos y judiciales de un país extranjero, también envuelve a los diplomáticos y representantes de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Básicamente, al PEP se le da un tratamiento particular en el proceso de vincularlo como cliente y durante toda la relación comercial para conocer mejor con qué propósito usará los productos y servicios de la entidad, la procedencia y origen de los fondos, tipo de actividad económica que desempeña, su reputación conforme a fuentes públicas, así como determinar desde cuáles jurisdicciones recibirá o hacia donde enviará fondos. Esto así debido al potencial riesgo que representa este tipo de persona y los fondos que se transen a través de sus cuentas, dado su posición prominente y/o de influencia en la cual es más susceptible de estar o verse involucrado en delitos de soborno o corrupción, así como en esquemas de lavado de activos.

Para gestionar y controlar ese riesgo, las autoridades están vigilantes de quienes puedan servir de testaferros para manejar fondos de estas figuras políticas o públicas. En tal sentido, quedan asimilados como PEP aquellos que tienen parentesco de primer grado de consanguinidad y los de segundo grado de afinidad. Estos vendrían siendo los cónyuges o parejas, hijos, padres, hermanos y en algunas legislaciones hasta los tíos y parientes políticos, tales como nuero(a) y suegro(a). Igualmente son asimilados a PEP, aquellas personas que se consideren asociados cercanos o los empleados que realicen operaciones en su nombre como intermediarios.

LEA: Lavado de activos: ¿Por qué a mí, un ciudadano de a pie, debería preocuparme?

Lo anterior cobra particular relieve por el hecho de que los fondos son utilizados para abrir cuentas o establecer sociedades bajo sus nombres, pero pertenecen al PEP, quien es el verdadero beneficiario final o real controlador.

Esta es una tipología de larga data y se mantiene vigente, razón por la cual el Grupo de Acción Financiero (GAFI) emitió su Guía sobre Personas Expuestos Políticamente para ampliar lo precisado en sus Recomendaciones 12 y 22.

La legislación dominicana no establece un plazo de duración para mantener la calificación de PEP. Pero las normas de sectores específicos, como bancos y seguros, sí indican que la persona será clasificada como PEP por un período de hasta tres años.

De igual forma, el constante uso de esta metodología se evidencia en los casos expuestos a través de los Panama Papers; el caso de Javier Duarte, que fuera gobernador del Estado de Veracruz en México y recientemente deportado desde Guatemala hacia su país, luego de haber huido de la justicia; el caso de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, de Honduras, quien se declaró culpable de conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos de Norteamérica y recibir sobornos de un grupo criminal de narcotráfico en Honduras, aguardando sentencia en una prisión de Nueva York luego que la fiscalía solicitara prisión perpetua.

La clasificación de PEP en otras jurisdicciones se mantiene por períodos que varían o simplemente la persona nunca deja de ser considerada un PEP. Esto último es de suprema importancia, sobre todo cuando consideramos que, en la gran mayoría de los casos, las demostraciones de riquezas obtenidas por vías ilícitas como el soborno, corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se evidencian luego que la persona ha dejado el cargo o ha cesado sus funciones públicas. Existen excepciones de demostraciones burdas durante el desempeño del cargo público. Pero, no obstante, todas dejan evidencias que sirven de base para investigaciones futuras.

En el caso de República Dominicana, la legislación vigente no establece un plazo de duración para mantener la calificación de PEP. Pero las normas de sectores específicos, como bancos y seguros, sí indican que la persona será clasificada como PEP por un período de hasta tres (3) años, luego de haber dejado su cargo o funciones en el sector público. Este mismo plazo es el que se considera en el anteproyecto de modificación a la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes de Infracciones Graves, que actualmente está siendo revisado en el Congreso.

Claudia Álvarez Troncoso

Claudia Álvarez Troncoso

La autora es especialista certificada en Gestion de Riesgo (ECGR); Certified Anti-Money Laundering Specialist de ACAMS (CAMS); Certified Associate AML de FIBA/FIU.


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