Instrumentos para el control financiero de la República Dominicana por los Estados Unidos (1904-1907): el Laudo Arbitral de 1904 (2 de 4)

Instrumentos para el control financiero de la República Dominicana por los Estados Unidos (1904-1907): el Laudo Arbitral de 1904 (2 de 4)

El 31 de enero de 1903 los gobiernos dominicano y estadounidense firmaron en Santo Domingo un protocolo de entendimiento en virtud del cual el gobierno dominicano, en ocasión del retiro de la Improvement y sus compañías aliadas, pagaría, no a esta, sino al gobierno de Estados Unidos, la suma de US$4.5 millones como “compensación cabal y completa” por la cesión, por parte de la Improvement y sus subsidiarias, “de todos sus derechos, propiedades e intereses y como completo arreglo de todas las cuentas, reclamaciones y diferencias existentes entre el Gobierno dominicano y dichas compañías”. A cambio, la Improvement y sus compañías cederían y traspasarían todos sus derechos e intereses en: a) la sección del Ferrocarril Central Dominicano para entonces construida y las extensiones Santiago-Moca y Moca-San Francisco de Macorís; b) el Banco Nacional, y c) los bonos de los que pudiesen ser tenedoras, cuyo monto no excedería de 850,000 libras esterlinas.

Las condiciones de pago de la indemnización quedaron libradas a la decisión de un tribunal arbitral que conformarían tres árbitros, uno nombrado por el presidente de la República Dominicana, uno nombrado por el presidente de los Estados Unidos y un tercero que sería designado en forma conjunta por ambos mandatarios. Si dentro de los 60 días de la firma del protocolo no se hubiese nombrado el tercer árbitro, el gobierno dominicano lo escogería entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos o de la Corte del Circuito de Apelación de Estados Unidos. La sede del arbitraje fue fijada en la ciudad de Washington y el inicio de las actuaciones arbitrales tendría efecto dentro de los 60 días de la fecha de nombramiento del tercer árbitro.

El 14 de julio de 1904 los árbitros designados rindieron un laudo para la historia: nuestro país debía entregar la administración de sus aduanas a los norteamericanos como garantía del pago de la deuda. Clic para tuitear

El gobierno de Horacio Vásquez fue derrocado en marzo de 1903 y el gobierno que le sucedió, presidido por Alejandro Woss y Gil, comunicó que no le reconocía validez al protocolo por haber sido otorgado por un gobierno provisional y de facto y no haber obtenido la sanción del Poder Legislativo, negándose, en consecuencia, a nombrar el árbitro requerido y a ejercer cualquier acto de ejecución del mismo. En octubre de 1904 sobrevino el levantamiento de Carlos Morales Languasco en Puerto Plata y con la revolución a las puertas de Santo Domingo, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos suspendidas por ese país, en represalia a la resistencia de hacer cumplir el protocolo, y ante el temor de que dicha nación pasase a vías de hecho, Woss y Gil nombró a su ex ministro de Relaciones Exteriores Manuel de Jesús  Galván  como árbitro en representación de los intereses nacionales. Como contraparte, el presidente Theodore Roosevelt designó al juez John G. Carlisle. El tercer árbitro, al no designarse dentro del plazo fijado por el protocolo, fue George Gray, juez de la corte de apelación de Nueva York.

El 14 de julio de 1904, en la ciudad de Washington, los árbitros designados al tenor del protocolo de entendimiento de 1903 rindieron un laudo para la historia. Según sus providencias, nuestro país debía entregar la administración de sus aduanas a los norteamericanos como prenda o garantía del pago de la deuda que había contraído frente a la Improvement y sus aliados corporativos.

Con este documento se concretizó el control de las fianzas públicas en manos extranjeras.  Los árbitros, lejos de dirimir una disputa o examinar una casuística en que deba determinarse a fin de cuentas quién le debe a quién y el porqué del gravamen, si es que existe, explicando razonada y motivadamente su origen y la sustentación legal de una virtual condenación, partieron de una premisa inconmovible: el Estado dominicano adeudaba a los Estados Unidos la suma de 4.5 millones de dólares y ese era un hecho constante y firme, el más importante en el marco previo fijado en el acuerdo de 1903.

En ocasión del pronunciamiento del laudo vinieron al país John T. Abbott, funcionario de la Improvement, designado como agente financiero en virtud del laudo, y Thomas C. Dawson, ministro del gobierno de Estados Unidos. Este último exigió la inmediata ejecución de lo decidido por los árbitros, pero el gobierno de Morales Languasco se negó rotundamente e intentó introducir un recurso extraordinario de apelación, sobre la base de que los árbitros se habían excedido en su mandato. Esa gestión quedó sobreseída después de que, en virtud del laudo, fueron ocupadas por los Estados Unidos las aduanas de Puerto Plata, primero, y Monte Cristi después.

El laudo sería trascendido en su ejecución por una convención firmada el 7 de febrero de 1905, en virtud de la cual el gobierno de los Estados Unidos se comprometió hacerse cargo de todas las obligaciones internas y externas del gobierno dominicano a cambio del cobro de las entradas aduaneras. A esta convención nos referiremos en nuestra próxima entrega.

Edwin Espinal Hernández

Edwin Espinal Hernández

El autor es abogado e historiador. Twitter: @edwinespinal09


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