Instrumentos para el control financiero de la República Dominicana por los Estados Unidos (1904-1907): La Convención Domínico-Americana de 1907 (4 de 4)

Instrumentos para el control financiero de la República Dominicana por los Estados Unidos (1904-1907): La Convención Domínico-Americana de 1907 (4 de 4)

El 8 de febrero de 1907 fue firmada en la ciudad de Santo Domingo la Convención Domínico-Americana por parte de Emiliano Tejera y Federico Velásquez, ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Comercio, respectivamente, en representación del gobierno dominicano, y Thomas C. Dawson, ministro residente y cónsul general del gobierno estadounidense en el país. Sustituta del Modus Vivendi, por ella que se convino que el presidente de los Estados Unidos nombraría un receptor general de aduanas y a sus auxiliares para el cobro de los derechos aduaneros, a los que protegería en el cumplimiento de su cometido, y que el país debía contar con la aprobación estadounidense para el aumento de su deuda pública y la modificación de sus aranceles.

Con su firma se “coronó el proceso de dominación de los Estados Unidos sobre la República Dominicana” (Franco, 1993). Danilo de los Santos y Valentina Peguero (1983) son concluyentes al afirmar que ella “originó un casi protectorado, al legalizar las posibilidades intervencionistas de los Estados Unidos”, aunque Manuel Arturo Peña Batlle (1991) niega que se configurara un protectorado, pues la República Dominicana no se declaró “impotente para propender por sí misma al mantenimiento de su soberanía, ni en ningún momento tampoco, ha solicitado ayuda a los Estados Unidos para resguardarse de posibles ataques ni de orden interior ni de carácter internacional”

El 8 de febrero de 1907 fue firmada en Santo Domingo la Convención Domínico-Americana. La soberanía económica del país quedaba comprometida de manera indefinida, pues el control de las aduanas sería ejercido por los Estados Unidos Clic para tuitear

La soberanía económica del país quedó efectivamente comprometida de manera indefinida a partir de la convención, toda vez que el control de las aduanas sería ejercido por los Estados Unidos hasta tanto fuesen saldados “todos y cada uno” de los bonos emitidos por el gobierno dominicano y el eventual aumento de los gravámenes a productos importados estaba sujeto a que el presidente de los Estados Unidos reconociera un excedente consecutivo por dos años de dos millones de pesos previo al año en que operaría el incremento.  

Peña Batlle (1991), sin embargo, no encuentra en ninguno de sus textos autorización a Estados Unidos para “ejercer de por sí ningún derecho inherente a la soberanía de la República Dominicana, ni establece para este país, la obligación de actuar, en determinados momentos de su vida interna o internacional, asesorado ni controlado por los Estados Unidos”. A pesar de eso reconoce que al obligarse frente a los Estados Unidos, sin llegar a definir la condición de Estado semi-soberano, restringió visiblemente la soberanía al coartar su libre disposición y el manejo cabal de su independencia internacional. En sus palabras, la convención fue “la expresión de una perfecta servidumbre internacional”, único sistema de restricción de la soberanía, “estudiado i  reglamentado por el Derecho Internacional, que pueda tener una lógica adaptación al caso dominicano”.

Moya Pons (1995) juzga negativamente la convención, pero concluye que fue un mal necesario. Junto a él, la historiografía nacional coincide en valorar positivamente la solución brindada por la convención a la crisis económica generada por la deuda interna y externa, pese a lo que significó como limitación a la soberanía nacional.  Vásquez Romero (2016) observa que la convención fue lesiva tanto en el contenido como en la forma, pues la manera de distribuir las recaudaciones aduaneras – dejando el sobrante que restara después de atender las obligaciones financieras para solventar las necesidades de subsistencia del país – evidenció el carácter autoritario de “los procedimientos de las autoridades estadounidenses y el desprecio y la indiferencia por el destino del pueblo”.

Para Mu-kien A. Sang (1999), el gobierno de Cáceres tuvo que sucumbir ante las presiones norteamericanas y la convención de 1907 no fue sino el colofón del proceso que inició en 1903 con la firma del protocolo con la Improvement. De su lado, Juan Bosch (2009) introduce un elemento reflexivo interesante al plantear que Cáceres entendía “que como mejor se desarrollaría el país sería bajo la protección de los Estados Unidos” (…) con su admiración por Norteamérica acabó sellando el destino nacional como dependencia virtual de los Estados Unidos”.

En definitiva, a la luz del desglose de los contenidos del laudo de 1904 y las convenciones de 1905 y 1907 y de su confrontación con la Constitución del 20 de junio de 1896 – vigente en esos años – se concluye que eran textos nulos de pleno derecho, puesto que la autoridad del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo fue usurpada – y por ende resultaba ineficaz –  por el presidente de los Estados Unidos y los agentes financieros y los receptores generales de aduanas designados en cada caso.

En perspectiva, traslucen la fragilidad institucional del Estado y el escaso miramiento a los preceptos constitucionales, todo enmarcado en un inmaduro ejercicio de la actividad política, en la que las confrontaciones sobre la dirección de la cosa pública se dirimían a partir de una revolución encaminada a derrocar al opositor y a suplantar el color partidario del clientelismo antes que a acudir a los mecanismos legales previstos para reorientar las distorsiones de la vida en sociedad.  


Foto: Receptoría de Aduanas durante la ocupación norteamericana.

 

Edwin Espinal Hernández

Edwin Espinal Hernández

El autor es abogado e historiador. Twitter: @edwinespinal09


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