Memo al Presidente: Hacia el «capitalismo popular» en la República Dominicana

Memo al Presidente: Hacia el «capitalismo popular» en la República Dominicana

Señor presidente, el gobierno que usted dirige decidió vender parte de las acciones de la central termoeléctrica Punta Catalina a un socio estratégico de reconocida trayectoria internacional y mantener parte de la propiedad patrimonial en manos del Estado dominicano. Para tal fin se contrató al banco de inversión Guggenheim Securities, el cual será responsable de diseñar estrategia para la venta de acciones y un mecanismo de licitación, así como analizar las ofertas de compra y recomendar sobre la gobernanza corporativa. ¡Felicitaciones!

Sin embargo, considero que su administración debe aprovechar la oportunidad de vender a la población dominicana la participación accionaria que pretende mantener el Estado, como propusiera recientemente en una declaración pública y en una presentación en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo y quien suscribe, en el año 2015, en un ensayo titulado “Estrategia de solución global a la crisis del sector eléctrico: El caso dominicano”[1] bajo el concepto de “capitalismo popular”. El mismo consiste en la transferencia del poder económico del Estado a la gente y la transmisión de la propiedad patrimonial de  empresas gubernamentales a los sectores que forman parte de nuestra gran nación. El “capitalismo popular” representa la verdadera socialización del patrimonio de las empresas gubernamentales. Me explico:

La propiedad estatal de los medios de producción es distinta a la propiedad pública de una empresa. Una empresa pública es aquella cuya propiedad se encuentra dispersa entre el público en general y cuyas acciones se cotizan libremente en una bolsa de valores o en mercados libres. Una empresa estatal, al contrario, es una entidad legal creada por el gobierno, cuyos ingresos se derivan principalmente de la venta de bienes y servicios y que tiene una contabilidad e identidad legal separada. Una distinción crucial es que el gobierno nombra a sus ejecutivos y consejos de directores, quienes administran sus operaciones diarias[2].

 

La propiedad estatal, un poco de historia reciente

En los años posteriores a la postguerra (1947-1980), la gran mayoría de los economistas, políticos y el público en general consideraban que parte de la industria y el comercio debería ser de propiedad estatal para evitar los efectos negativos de los monopolios privados y la falta de interés de la empresa privada en objetivos sociales. En la mayoría de los países industrializados y en naciones emergentes, la industria, banca, energía y transporte pasaron a ser de propiedad estatal. En la República Dominicana este proceso se refleja con el traspaso de las empresas de propiedad de la familia Trujillo al Estado y la nacionalización de la compañía de electricidad en los años 50.

Sin embargo para los 80, se reconoció que las empresas estatales eran altamente ineficientes. Sus operaciones se asociaban con empleo excesivo, altos gastos operativos, baja calidad de sus productos y servicios, carencia de innovación y altos déficits o pérdidas en sus operaciones. Además, se hizo obvio que estas empresas se utilizaban para servir objetivos políticos y no sociales[3].

Como resultado de este fracaso muchos países privatizaron las empresas públicas, entre ellos Chile, Colombia, Argentina, Bolivia y México, así como los países de Europa del Este. En la República Dominicana este proceso se materializa a finales e la década del 90 con la capitalizacíon de las empresas estatales, entre ellas las de electricidad. El proceso se revierte parcialmente con la readquisición del gobierno de las empresas de distribución EDESUR, EDENORTE y EDEESTE.

El “capitalismo popular” que se propone para Punta Catalina es diferente al proceso de capitalización que se produjo en los 90. En ese entonces, el gobierno licitó la propiedad y administración de las empresas de generación y distribución a empresas de capital extranjero, con participación de inversionistas dominicanos de gran poder económico. Bajo el “capitalismo popular” se traspasaría la propiedad patrimonial de Punta Catalina a todos los sectores de la población a través de la venta de acciones, de forma que sean los mismos ciudadanos y comunidades  quienes impulsen la gestión de estas empresas con criterios comerciales y de servicio.

Para este proceso sugeriría la venta del 100% del patrimonio de Punta Catalina bajo la modalidad del capitalismo directo e indirecto[4]. El “capitalismo popular directo”  consistiría en capitalizar esta empresa diseminando y atomizando el 25% de su propiedad patrimonial a través de la venta de acciones a todos los sectores de la población, usando mecanismos que permitan una participación amplia de la población y que impidan la concentración de las acciones en pocas manos. Por su mayor ahorro, el “capitalismo directo” favorecería mayormente a la clase media del país, ansiosa de conseguir instrumentos alternos de inversión, diferentes a los títulos de deuda gubernamental y a los pocos instrumentos de deuda del sector privado que se comercializan en el mercado de “valores”.

El método indirecto sería vender el restante 25% de las acciones a los Fondos de Pensiones para convertir en capitalistas populares a casi 4 millones de cotizantes (2.2 millones de hombres y 1.8 millones de mujeres[5]). Esto convertiría a los aportantes de las AFP, tantos de bajos ingresos como de clase media, en propietarios indirectos de las acciones de Punta Catalina, lo que le permitiría aumentar sus retornos en sus cuentas de capitalización individual como producto de los dividendos y ganancias de capital.

Adelante, señor presidente. Incorpore a la población al proceso de creación de riqueza a través de su participación en el capital accionario de Punta Catalina. Clic para tuitear

Para asegurar la eficiente operación de esta empresa sugeriría vender el 50% de las acciones a inversionistas extranjeros y la contratación de un operador reconocido para la operación de esta empresa termoeléctrica.

La difusión del capital accionario de las empresas estatales redundaría a favor de la dignidad económica de nuestros ciudadanos al:1) aumentar su capacidad de cuidar de su familia; 2) explotar su potencial y propósito; y, 3) participar en la vida económica y política del país sin dominación[6].

Otros beneficios que se derivaran de la adopción del “capitalismo popular” que proponen Pelegrín Castillo y quien suscribe son los siguientes:

-Permitir que parte de los beneficios permanezcan en manos de ciudadanos dominicanos, estimulando un mayor nivel de consumo y ahorro doméstico.

– Impulsar la diseminación de la propiedad a través de la venta de las acciones a los trabajadores de las empresas y pequeños inversionistas.

– Lograr mayor identificación y compromiso de la población con su resultado operacional.

– Promover la eficiencia en el largo plazo de las empresas a través de la propiedad privada.

– Diversificar las inversiones de las AFP para, con el crecimiento de las empresas, impulsar un nivel de pensiones satisfactorio y beneficios para nuestros ciudadanos.

– Desarrollar el inexistente mercado de valores.

– Movilizar recursos adicionales para el Fisco.

– Disminuir la participación del Estado en la economía y, por ende, limitar la influencia política y el uso de las empresas de propiedad estatal como fuente de corrupción y proselitismo.

La participación de la población en el capital accionario de la empresa (capitalismo directo) no es algo que ocurrirá de la noche a la mañana. Es probable que  tome un período de 3-4 años debido a la ausencia de una cultura de inversión en el patrimonio de empresas privadas, al bajo desarrollo del mercado de capitales en el país y a la desconfianza que se generó por los sobre-costos en que se incurrió en Punta Catalina. Sin embargo, las AFP, previa calificación de la inversión y del proceso de debida diligencia, podrían incorporarse en un período relativamente corto a la propiedad accionaria de la empresa.

Adelante, señor presidente. Apoye un salto hacia la democratización de la propiedad en República Dominicana. Incorpore a la población al proceso de creación de riqueza a través de su participación en el capital accionario de Punta Catalina.


[1] Guiliani Cury, Héctor, “Estrategia de solución global a la crisis del sector eléctrico: El caso dominicano”, Revista Dominicana de Economía, No. 6, Junio 2015 [87-117] 85.

[2] Shirley, Marie M., “Managing State-Owned Enterprises”, World Bank Staff Working Papers, No.577.

[3] Shleifer, Andrei, “State versus Private Ownership”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 6665, Julio 1998.

[4] Valenzuela Silva, Mario, “Reprivatización y Capitalismo Polular en Chile”,

https://www.cepchile.cl/reprivatizacion-y-capitalismo-popular-en-chile/…/184338.htm…

[5] Superintendencia de Pensiones – SIPEN, Febrero 2019, pag.21.

[6] Sperling, Gene, “Economic Dignity”, Democracy: A Journal of Ideas, Spring 2019, No. 2.


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