Mossack Fonseca: Transparencia y riesgo de reputación para abogados

Mossack Fonseca: Transparencia y riesgo de reputación para abogados

Mossack Fonseca tomó decisiones muy arriesgadas, considerando lo

lo las ganancias que obtendría e ignorando principios éticos y la regulación. El costo ha sido muy alto.

El pasado 10 de febrero, los socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF), Jürgen Mossack y Ramon Fonseca Mora, así como dos empleados más, fueron arrestados por las autoridades panameñas por su alegada conexión al caso Lava Jato en Brasil. Estas personas están siendo investigados por la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado de Panamá por delitos de lavado de activos o blanqueo de capitales.

Conforme declaró la Procuradora General de Panamá, Kenia Purcell, “las investigaciones aportaron información que identifica a la firma panameña (Mossack Fonseca), presuntamente, como una organización criminal que se dedica a ocultar activos (dineros) de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados. Presuntamente, los servicios ofrecidos por la firma de abogados panameña, giraba instrucciones a la encargada en el país sureño (Brasil) para ocultar documentos, eliminar evidencias de los implicados, y hacer que el dinero proveniente de sobornos relacionado con el caso Lava Jato regresase lavado o blanqueado a Panamá”.

Esto sucede como resultado de un proceso de indagación de un año con los fiscales de Brasil que involucró también a Perú, Ecuador, Colombia, Suiza y Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que el caso Lava Jato trata de una investigación de corrupción masiva enfocada en un esquema billonario de sobornos relacionados con la empresa estatal de petróleo y gas, Petrobras. En este artículo no nos vamos a enfocar en situaciones políticas que el caso Mossack Fonseca ha desencadenado en Panamá, pero sí es preciso tener en cuenta el elemento de personas expuestas políticamente (PEP), levanta señales de alerta para los temas de corrupción y lavado de activos.

Además, el caso Lava Jato lleva más de tres años siendo investigado por los fiscales en Brasil, desde julio de 2013, primero como un caso de lavado de activos para unas 750 obras de construcción disgregadas en Latinoamérica, y luego de profundizar, se estableció como un caso de soborno y corrupción que al momento toca unos 12 países.

Del caso Lava Jato se han desprendido otros casos involucrando a varias empresas constructoras multinacionales como la bien conocida Odebrecht, Camargo Correa S.A. y Constructora OAS S.A, que formaron parte de un cartel integrado por 23 empresas que se distribuían los contratos de Petrobras a cambio del pago de millonarios sobornos.

De hecho, la Constructora Camargo Correa, ya en agosto del 2015, fue la primera en realizar una disculpa pública admitiendo haber realizado actos ilegales de sobornos. Asimismo, accedió a devolver 700 millones de reales (US$217 millones) a empresas controladas por el Estado brasileño por los perjuicios relacionados a las prácticas de sobornos y arreglo de precios descubiertas durante la investigación Lava Jato.

Actualmente, Constructora Camargo Correa S.A. está en negociaciones con el Ministerio Público de Brasil para un nuevo acuerdo mediante el cual unos 40 ejecutivos, incluido un miembro de la familia que controla la matriz Camargo Correa S.A, para delatar el pago de sobornos a 200 políticos. Se estima que este acuerdo tenga un impacto similar al que ha tenido el acuerdo de Odebrecht.

En estos casos, Lava Jato y las constructoras involucradas, se tiene como hilo común el uso de la firma de abogados Mossack Fonseca, que en su momento llegó a tener unas 44 oficinas en todo el mundo. Las personas vinculadas a estos casos recurrían a Mossack Fonseca para constituir vehículos corporativos y abrir cuentas bancarias, a través de las cuales se movía el dinero para el pago de sobornos y lavado de activos.

Ya en el año 2016, los fiscales de Brasil allanaban las oficinas e investigaban a sus ejecutivos por el asesoramiento que brindaban para mover los fondos ilícitos y facilitar la ocultación de los verdaderos dueños de dichos fondos y empresas. Para esto designaban personas de su despacho para que figuraran como directores y firmantes a nombre de sus clientes. Lo anterior no es ilegal, pero sí facilita el ocultamiento de terceros y beneficiarios finales que se escudan mediante estas estructuras jurídicas para realizar sus fechorías. Peor aún cuando la firma y/o asesores legales están en conocimiento de estos hechos.

La oficina de Brasil de MF, según las investigaciones, estaba al tanto de la situación, ordenando destruir y ocultar documentación, pues su gerente general, María Mercedes Riaño, instruyó por email al personal “sacar todos los documentos de la oficina, nombres de clientes, documentos por enviar, documentos de due diligence, directorios telefónicos, borrar de la computadora todo lo que pueda haber, incluyendo los [sitios] favoritos…No dejar nada, yo lo voy a guardar en mi carro o en mi casa”. Este correo fue interceptado por los fiscales brasileños.

En tal sentido, el juez Sergio Moro, que lleva la investigación en Brasil, en su momento subrayó que esta firma de abogados y su representación en Brasil, “ha estado ayudando a los agentes criminales, incluido el esquema criminal de Petrobras, para practicar el fraude y el lavado. Al ofrecer sociedades offshore para los criminales, la firma Mossack Fonseca & Co. estaría participando, a través de su ayuda, en la comisión de estos crímenes”.

Un alto costo

Para una empresa construir su buen nombre y reputación le toma años, pero todo eso se desvanece en instantes cuando se toman decisiones solo por la obtención de ganancias económicas. También cuando la tolerancia al riesgo es sumamente alta y no se toman las precauciones ante su posible impacto al relacionarse con un cliente riesgoso o con una transacción poco transparente y cuyo propósito es cuestionable. Lo mismo ocurre cuando las decisiones están al margen de la legalidad o se baila muy al borde de esa delgada línea entre lo legal y lo ético. Igualmente, cuando se ha perdido toda perspectiva y se cree que la cultura de integridad y cumplimiento en temas de lavado de activos, sobornos y corrupción no nos aplica.

Para una empresa construir su buen nombre y reputación le toma años, pero todo eso se desvanece en solo instantes cuando se toman decisiones solo por la obtención de ganancias económicas.

En el caso de firmas de abogados esto es muy sensible, pues una buena parte de su valor se basa en la reputación de sus socios y asociados, logrado con el esfuerzo de su trabajo y resultados obtenidos a favor de sus clientes. Cuando lo comentado en el párrafo anterior converge, las consecuencias inmediatas son daños irreparables a nivel de la imagen y marca de la firma y de sus abogados; pérdidas de clientes y, en consecuencia, pérdidas económicas. Y claramente, posibles persecuciones legales por parte de la justicia no solamente local sino también internacional.

Para MF eso es exactamente lo que ha significado todo este proceso. Ha perdido clientes, sobre todo intermediarios locales e internacionales que por razones de reputación no desean continuar vinculados a una empresa cuestionada por soborno, corrupción y lavado de activos. Igualmente, ha significado el cierre de cuentas bancarias por parte de bancos en Panamá y bancos internacionales.

MF ha tenido que cerrar varias de sus oficinas en otras jurisdicciones poco transparentes, como Jersey, Isla de Man, Gibraltar y el estado de Wyoming (EEUU), ya que estaban relacionadas con otro caso en Argentina denominado la ruta del dinero K, correspondiente a los ex mandatarios Nelson Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En Venezuela las oficinas fueron cerradas y tanto MF como su representante serán enjuiciados por asesor a los clientes para lavar dinero y evadir impuestos. En Perú, Ecuador y El Salvador, las oficinas fueron allanadas en su momento.

El rol de los abogados en la lucha contra el lavado

En República Dominicana, la ley 72-02 contra el Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (ley 72-02), que abarca el soborno y la corrupción, incluye a los abogados como sujetos obligados con la responsabilidad de realizar una debida diligencia para conocer a su cliente y origen de fondos. El cumplimiento de esta obligación es muy importante para la protección del circuito financiero, sobre todo con el mal uso que se le pudiera dar a las sociedades y estructuras jurídicas por parte de personas desaprensivas que se hayan infiltrado en la cartera de clientes. Asimismo, se evita que dinero ilícito se inserte en el flujo económico del país.

En este sentido, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha unido esfuerzos con el International Bar Association (IBA), para formar un grupo de acción, con la intención de que los profesionales de la abogacía sean un componente clave en la lucha global contra la corrupción. A este fin, se busca incorporar los estándares internacionales, tales como las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la prevención del lavado de activos, puesto que proporcionan un marco para la realización de debida diligencia a los clientes e identificación del beneficiario final.

El caso de Mossack Fonseca debe servir como moraleja para todas las firmas de abogados, ofrezcan o no servicios de constitución de sociedades.

Esto así debido a que los abogados pueden ser susceptibles de ser utilizados en actividades de lavado de activos, e inclusive en el financiamiento del terrorismo, si realizan transacciones para sus clientes que involucren: compra o venta de inmuebles; administración del dinero, valores u otros bienes del cliente; administración de las cuentas bancarias; creación, operación o administración de sociedades o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales; constitución de sociedades, aumento o disminución de capital social, fusión, compra venta de acciones; actuación como agente de creación de sociedades; actuación como director, apoderado, socio o posición similar de una sociedad; provisión de domicilio registrado, comercial o administrativo para una sociedad o estructura jurídica; actuación como un accionista nominal para otra persona.

Lo anterior es lo que se ha establecido en el anteproyecto que modifica la Ley 72-02 introducida por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República la semana pasada, con miras a la adecuación que está realizando el país para cumplir de forma favorable la próxima evaluación del GAFI, que se realizará este año.

El caso de MF y su desarrollo debe servir como moraleja para todas las firmas de abogados, ya sea que ofrezcan o no servicios de constitución de sociedades, sirvan de agentes representantes o sus abogados funjan como directores, representantes legales o firmantes de las empresas de sus clientes, o usen la cuenta bancaria de la firma para recibir y/o realizar pagos relativos a transacciones de sus clientes.

En esta época de inseguridad cibernética e híper transparencia de la información, básicamente en última instancia no hay nada que ocultar. Las firmas de abogados deben adoptar medidas de cumplimiento y debida diligencia para conocer y gestionar el riesgo que asumen en sus transacciones diarias, así como el posible riesgo que le representan ciertos clientes a nivel legal y de reputación.

Claudia Álvarez Troncoso

Claudia Álvarez Troncoso

La autora es especialista certificada en Gestion de Riesgo (ECGR); Certified Anti-Money Laundering Specialist de ACAMS (CAMS); Certified Associate AML de FIBA/FIU.


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