¿Por qué el banco me pide la firma de mi pareja en el contrato de un préstamo personal?

¿Por qué el banco me pide la firma de mi pareja en el contrato de un préstamo personal?

Ana es una mujer adulta, independiente, con buena calificación crediticia y solvencia probada.  Solicitó un préstamo personal por RD$80,000 y la entidad financiera le respondió que le aprobaba RD$150,000. Ella, prudente y consciente de sus necesidades reales, insistió en que con RD$80,000 era suficiente. Avanzado el proceso apareció un inconveniente que le pareció insólito: el banco pedía la firma de su esposo en el contrato como un requerimiento previo al desembolso.

Ella se hizo preguntas:

-¿Cuál es la lógica de este requisito?

-¿Por qué le pedían la firma del esposo si ella había demostrado su solvencia e, incluso, tenía en su historial otros créditos con ese mismo banco en los que la firma del marido NO había sido requerida?

-¿La entidad le pide a los hombres casados las firmas de sus esposas antes de hacerle un desembolso o, por el contrario, en esto se produce una discriminación de género hacia las mujeres?

Ana estaba casada ‘por la ley’, pero le resultaba casi imposible conseguir la firma de su ex pareja. Estaban de hecho separados desde hacía casi una década. Con él, ella no compartían ningún aspecto de su vida financiera. La última noticia suya la tuvo hace años, cuando algún pariente le contó que se había ido del país. Ahora, ni siquiera tenía idea de dónde estaba.

La situación le generó disgusto, pero en realidad no era un problema para ella, dado que sus finanzas le permitían la posibilidad de renunciar al préstamo y resolver la necesidad de liquidez con ingresos de otras fuentes, o bien, esperando un poco más hasta completar el ahorro necesario para hacer el gasto planificado, que no respondía a una urgencia.

A ella le preocupaba más pensar en las mujeres que tienen una relación de conflicto con sus maridos, pues aunque tengan capacidad de pago y buen historial crediticio, ante una necesidad no podrían contar con los productos de la banca formal que emplea esta política.

¿Por qué el requerimiento?

Procuramos las razones de este molesto requerimiento. Se resumen en un término muy familiar: comunidad de bienes. En República Dominicana este  régimen, también conocido como sociedad conyugal, se establece por defecto en los matrimonios, estén formalizados en un documento legal o sean uniones libres. Es decir, que si una pareja no establece ante un juez civil que desea contraer bodas con separación de bienes, la comunidad entra en vigor automáticamente.

El abogado Néstor Contín explica que las deudas adquiridas durante el matrimonio, igual que los bienes, generalmente corresponden a la comunidad. De ahí se deriva la obligación de que compromisos de este tipo sean consentidos tanto por quien los contrae directamente como por su pareja: a fin de cuentas, en la teoría jurídica, es una deuda de ambos.

Pese a que la práctica tiene sustento legal, es poco habitual. Actualmente, escasas entidades la implementan, incluso cuando se trata de créditos personales o de consumo que no contemplan garantías. Clic para tuitear

El Código Civil lo expresa en su artículo 1421 en estos términos: “El marido y la mujer son los administradores de los bienes de la comunidad. (Cada uno) puede venderlos, enajenarlos o hipotecarlos con el consentimiento de ambos”.

Generalmente la pareja de la persona que contrae el compromiso financiero es registrada como “Cónyuge Interviniente” en el contrato. “Bajo esta calificación, se entiende que el o la cónyuge está de acuerdo sin necesidad de comprometer su patrimonio particular (en caso de que tenga bienes que no entren a la comunidad de bienes)”, explica Contín.

Con esta política, los bancos que la implementan procuran reducir riesgos, tener la posibilidad legal de actuar en acción de cobro contra en cónyuge en caso de que el titular del préstamo deje de pagar.

Pese a que la práctica tiene sustento legal, es poco habitual. Actualmente, escasas entidades la implementan, incluso cuando se trata de créditos personales o de consumo que no contemplan garantías.

Además, las mismas instituciones que la aplican discriminan entre unos créditos de consumo  y otros, de modo que no se trata de un requerimiento universal para este tipo de productos.

Las mismas instituciones que la aplican discriminan entre unos créditos de consumo  y otros, de modo que no se trata de un requerimiento universal.

Las entidades financieras consideran los montos a desembolsar y otros aspectos que definen y pueden variar según sus políticas particulares. En algunos casos los vicepresidentes de crédito tienen potestad para decidir si establecer o no la obligatoriedad de la firma del cónyuge en solicitudes específicas.

Estas “libertad” con que se aplica el criterio explica que Ana se haya encontrado con este requerimiento por primera vez a pesar de haber contraído créditos por montos similares, con la misma entidad, anteriormente.

Es importante resaltar que otra cosa son los préstamos hipotecarios, en los que la firma del esposo o la esposa del titular sí representa un requisito obligatorio y generalizado.

Algunos abogados consideran que la exigencia de la firma del cónyuge no sólo tiene sustento legal, sino que, en buen derecho, debería ser aplicada con todos los productos de crédito. En la práctica, esto no ocurre, y hay varias razones para que sea así:

Por un lado, serían acciones difícil de implementar debido a la frecuencia de las uniones libres cuya existencia el banco desconoce, porque no están reflejadas en un registro civil ni en los documentos de identidad de sus clientes.

Por otra parte, los bancos perderían oportunidades de negocio por establecer como obligatorio el requisito para personas que, aunque estén legalmente casadas, están separadas de sus parejas e imposibilitadas de contar con su firma. Ejemplos comunes son las parejas en proceso de divorcio, aquellas en que uno de los cónyuges vive fuera del país o cuando, aunque no se ha realizado un proceso de separación legal, la relación sentimental ha finalizado.

Además, para algunos experimentados del sector financiero, la firma del cónyuge en un préstamo de consumo es prácticamente “accesoria” porque estos créditos suelen involucrar montos reducidos y, en la mayoría de los casos, resultaría más costoso ejercer acción de cobros contra el cónyuge que “tirarlos a pérdida”.

La misma lógica jurídica puede ser aplicable para los depósitos y, algunas entidades ya les están requiriendo a sus clientes la firma del cónyuge para abrir un certificado financiero de montos considerables, de acuerdo con información ofrecida por otra fuente.

En conclusión, aunque esta política resulta molesta para muchos usuarios y pocas entidades la implementan, aquellas que sí lo hacen operan en la legalidad, siempre que su cliente forme parte un régimen matrimonial de comunidad de bienes.

Falta por responder si los bancos tienden a ser más rígidos con las mujeres a la hora de exigir este requisito. Procuramos, entre amigos y conocidos, casos de mujeres que hayan tenido que firmar por créditos de consumo de sus esposos. Sólo encontramos un testimonio. Se trata de una pareja de extranjeros, y es posible que las entidades sean particularmente rigurosas por este motivo. ¿Conoce usted otro ejemplo? Déjenos sus comentarios al pie de esta publicación.


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