¿Cuáles cambios propone el proyecto de ley del Gobierno en materia de pensiones?

¿Cuáles cambios propone el proyecto de ley del Gobierno en materia de pensiones?

El Gobierno dominicano está llevando a cabo una “consulta” con representantes del sector trabajador y del sector empresarial para modificar la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, abarcando la seguridad en salud, en pensiones y en riesgos laborales.

En materia de pensiones, los cambios propuestos conocidos hasta el momento (el anteproyecto consultado es un borrador del que sería sometido al Congreso), no suponen transformaciones tan importantes como las planteadas en el sistema de salud.

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Entre las novedades más relevantes se están las vinculadas a las comisiones de ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las sanciones a los empleadores que hagan fraudes contra el sistema y los trabajadores y las cuotas para financiar las operaciones de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA).

Comisiones de las AFP

Las AFP han sido cuestionadas por obtener rentabilidades muy altas de la gestión de los fondos en un contexto de incertidumbre por el monto pírrico de las pensiones esperadas para los trabajadores.

En la propuesta gubernamental, se elimina la controversial comisión anual complementaria de hasta un 30% de la rentabilidad obtenida por encima de la tasa de interés de los certificados de la banca comercial.

Asimismo, se cambia la comisión mensual por administración de fondos -de hasta el 0.5% del salario mensual cotizable- por una anual no mayor al 0.7%, que sería aplicada sobre el saldo total de cada cuenta de capitalización individual administrada y devengada por las AFP mensualmente.

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Se aclara que “las AFP solo podrán cobrar esta comisión a las cuentas que tengan cotizaciones registradas en el mes anterior” y que “la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) establecerá la metodología y periodicidad para el cálculo de las comisiones máximas de acuerdo a las condiciones del mercado”.

Sanciones por fraudes de los empleadores

Hay cambios en las sanciones que aplicarían para los empleadores que incumplan la ley en lo relativo a afiliar a los empleados a tiempo o retrasos en los pagos.

“El empleador que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas… pagará a la Tesorería de la Seguridad Social un recargo equivalente al porcentaje de rentabilidad mensual promedio que hayan pagado las AFP a las cuentas de capitalización individual en el mes calendario anterior al período de la Notificación de Pago incumplida, más un cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el monto de las aportaciones no pagadas, independientemente de las sanciones penales que correspondan”.

En la ley actual se contempla solo un recargo equivalente al 5% del monto involucrado en la retención indebida más el propio monto.

Si se aprueba este cambio, estos empleadores también serán sancionados “al pago de una multa equivalente a doce (12) salarios mínimos de ley, aplicable a su empresa, por cada trabajador activo en sus nóminas que haya sido afectado por la infracción. En caso de reincidencia se aumentará en un cincuenta por ciento (50%) el mencionado valor”.

El procedimiento para ejecutar estas sanciones sería establecido en el “Reglamento de Mandamiento de Pago y Procedimientos para el Cobro Compulsivo de las Deudas por Cotizaciones de la Seguridad Social”, cita el anteproyecto.

En caso de incumplimiento por parte de una AFP, las sanciones seguirán siendo las mismas vigentes.

Tres años de gracia para las Mipymes

Este es otro tema que ha generado controversias, destacándose la oposición de las AFP a la medida.

El anteproyecto de ley plantea que las Mipymes podrán formalizarse con una gracia de tres años –(a partir de la fecha de emisión del certificado de formalización) antes de que sea obligatorio que sus empleados empiecen a cotizar en el régimen de pensiones. No así en el de salud:

“Las empresas debidamente clasificadas por el Ministerio de Industria y Comercio, acogidas al Plan Especial para MIPYMES de afiliación en el Régimen Contributivo del SDSS, y sus trabajadores, durante los primeros tres (3) años, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado de Formalización emitido por la Cámara de Comercio correspondiente, están obligadas a cotizar solamente al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales. A partir del cuarto año, dichas empresas y sus trabajadores cotizarán obligatoriamente también al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. Durante estos 3 años, tanto los empleadores como sus trabajadores podrán optar voluntariamente y en cualquier momento por cotizar al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia”, plantea la propuesta.

Los pensionados seguirán en el SFS

“Todos los pensionados del Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus dependientes serán incluidos de manera obligatoria en el Seguro Familiar de Salud inmediatamente inicien el cobro de sus pensiones y mantendrán la continuidad de sus coberturas”, indica el anteproyecto de ley en su artículo 25.

Aclara que “la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales establecerá las normativas y regulaciones correspondientes y velará por el cumplimiento de esta disposición”.

Inversión de los fondos

Se hace mención de nuevos instrumentos en los que pueden ser invertidos los fondos de pensión. En el anteproyecto se citan de manera explícita los títulos de deuda emitidos por organismos multilaterales (BID, BM, IFC, etc.), los valores de fideicomisos de oferta pública, los fondos para el desarrollo del sector vivienda, entre otros, siempre que sean aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgos.

En otro orden, la ley vigente contempla que al menos el 95% de los valores invertidos por los fondos de pensiones debe estar en custodia del Banco Central, y en la nueva propuesta oficial se añade la opción de los depósitos centralizados de valores (actualmente Cevaldom es el único autorizado en el país).

Una mayor parte a la cuenta del afiliado

Una proporción ligeramente mayor de los recursos del sistema irían directamente a la cuenta de los empleados. En la ley vigente se plantea que es un 8% del salario cotizable, mientras que en la propuesta, se sube a un 8.34%.

En total las aportaciones suman un 10% del salario cotizable.

Excepción al principio de afiliación única

El anteproyecto fija una excepción al principio de afiliación única para los trabajadores del sector público que “por disposición de leyes especiales deben ser afiliados a un plan de pensiones con carácter sustitutivo registrado ante la Superintendencia de Pensiones, por lo que si prestan servicios remunerados a otro empleador, sea éste público o privado, podrán cotizar tanto al Plan de Pensiones correspondiente como a la AFP de su elección, siempre que así lo decidan”.

Cuotas para la TSS y la DIDA

De los ingresos del Sistema por cotización se establecen cuotas para financiar a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA). En ambos casos, un 0.1% del salario cotizable en el sistema de capitalización individual y un 0.05% en el de reparto.

A la Superintendencia de Pensiones se le reduce la proporción de 0.1% a 0.7% del salario cotizable.

Derechos adquiridos de quienes migran al régimen de capitalización individual

En los casos de los trabajadores estatales que quieran pasar del régimen de reparto al de capitalización individual, se plantea que en lugar de el Estado otorgar un Bono de Reconocimiento, como indica la ley actual sin abundar en detalles, los derechos serán determinados según la proporción de la pensión ganada.

“El tiempo de cotización y los derechos adquiridos en el sistema anterior serán estimados actuarialmente y se redimirán por un porcentaje de la pensión por vejez correspondiente a la proporción de la pensión ganada, fruto de los años de cotización al sistema de reparto, lo cual será reconocido por el estado, conforme lo establecido en la presente ley y las normas complementarias. El porcentaje correspondiente será establecido por la Superintendencia de Pensiones”, precisa el documento.

Sin grandes transformaciones

En la propuesta para modificar la Ley 87-01 no se contemplan medidas ambiciosas para diversificar la cartera de inversión de los fondos ni aumentar su rendimiento.

Esto es un aspecto preocupante, de acuerdo con el diputado peledeísta Ramón Antonio Cabrera, quien considera que si la tasa de reemplazo sigue marchando al ritmo que ha tenido, el sistema terminará fracasando, dado que las pensiones logradas al final de la vida productiva de la mayoría de los dominicanos y las dominicanas serán insuficientes para cubrir gastos básicos.

Actualmente, la tasa de reemplazo es cercana a un 35%, lo que indica que los cotizantes tendrán que retirarse con una pensión equivalente a esa proporción (35%) de sus ingresos actuales.

“Lo que se ve en este momento es que ese sistema no va a ofrecer pensiones dignas”, asegura el legislador, convencido de que los cambios en el sistema previsional deben ser más ambiciosos a los propuestos por el Gobierno.

Cuestiona, incluso, la forma en que está concebido el sistema. “Ese sistema hay que modificarlo. No es solamente bajar una comisión y que las AFP ganen menos. Hay que modificar el sistema. Y sí, debe ser un sistema mixto, de reparto y de capitalización individual”, asevera.


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