MICM emplaza a Anadegas a probar denuncias sobre contrabando de combustibles

MICM emplaza a Anadegas a probar denuncias sobre contrabando de combustibles

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) emplazó a los directivos de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS) para que identifiquen a los funcionarios, personas y sectores que, según denuncian, estarían autorizando deliberadamente el contrabando de combustibles.

La reacción se produce en respuesta a señalamientos recientes de ANADEGAS en el sentido de que dirigentes del Gobierno se enriquecen con el comercio ilícito de combustibles en el país.

En un comunicado divulgado este lunes, el MICM solicitó a los dirigentes de ANADEGAS que además de hacer denuncias, aporten los elementos de prueba que permitan a la autoridad actuar en consecuencia.

“ANADEGAS ha mantenido como práctica recurrente la realización de denuncias infundadas en los medios de comunicación, con el fin de confundir a la opinión pública y hacerse de mecanismos de presión para imponer sus reclamos e intereses particulares, que en esta ocasión parecen orientarse a presionar a las autoridades del MICM para obtener un aumento del margen de comercialización que se le reconoce a los detallistas de combustibles”, explica el comunicado, según una nota de la Dirección de Comunicaciones de la institución.

El MICM solicitó a los dirigentes de ANADEGAS que además de hacer denuncias, aporten los elementos de prueba que permitan actuar en consecuencia. Clic para tuitear

Asegura que desde el inicio de la presente gestión de gobierno, las autoridades del MICM han asumido con firmeza el reto de promover e implementar una verdadera reforma regulatoria e institucional, con el fin de erradicar las numerosas deficiencias, distorsiones e informalidades que han marcado históricamente el subsector de los combustibles en la República Dominicana.

En cuanto al depósito y comercialización irregular de combustibles, citó que fue emitida la Resolución núm. 233, del 13 de octubre de 2016, que dispone la no extensión de la vigencia del Decreto núm. 183-11, del 24 de marzo de 2011, y sus sucesivas modificaciones, prórrogas y extensiones, que reconocía un mecanismo de subsidio a favor de los afiliados de los gremios de transporte urbano, interurbano y turístico de pasajeros y carga. 

“Otra medida tendente a combatir el tráfico ilícito de combustibles fue la implementación de la Resolución núm. 239, del 26 de octubre de 2016, que prohíbe y sanciona la distribución de combustibles a personas que no cuenten con licencia de operación”, resalta el MICM. 

Explica que junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), el MICM ha identificado múltiples centros de comercialización ilegal, los cuales ha clausurado e inhabilitando.

Indica que estas medidas han permitido continuar identificando fuentes de distribución de combustibles importados irregularmente, en procura de la erradicación definitiva del mercado negro de combustibles en República Dominicana.

Resaltó que durante el proceso de elaboración de la Ley núm. 17-19 para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y comercialización de productos regulados, el MICM señaló que se requería de un instrumento legal que tipificara las infracciones administrativas y penales, y le diera a las autoridades las herramientas necesarias para perseguir y castigar el comercio ilícito de combustibles, así como de otros productos.

Señala que el combate al comercio ilícito de combustibles y de cualquier otro producto “es una tarea permanente que requiere de esfuerzos sostenidos por parte de las autoridades como forma de garantizar la competencia leal y proteger la base impositiva que sustenta la acción del Estado”.

“El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes reafirma su disposición de apertura a los diferentes sectores económicos para escuchar sus inquietudes, reclamos y propuestas como parte de una gestión gubernamental que cree en el diálogo y la búsqueda consensuada de soluciones a los problemas nacionales”, indica el ministerio.

No obstante,  advierte que lo que no acepta el MICM es que se recurra a “acciones y denuncias irresponsables cuando los reclamos de un determinado sector no han sido complacidos por ser contrarios a la ley, a las políticas públicas idóneamente definidas o al interés general de la ciudadanía”.


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